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La polémica ley de financiamiento que tenía más de 24 demandas en la Corte Constitucional fue tumbada con una votación de 6 a favor y 3 en contra luego de ser estudiada en Sala Plena.
La decisión tardó un poco más de 10 horas, en la que los nueve magistrados estimaron necesario acoger la ponencia de Alejandro Linares, quien tenía una demanda en su despacho en la que solicitaba que se tumbara la ley por cuestión de forma y no de fondo.
La demanda estaba encaminada a que no se surtió el procedimiento en el legislativo a la hora de la votación y la publicación.
Los efectos, aclaró el alto tribunal, se verán a partir de 2020. El fallo consideró la necesidad de modular los efectos.
Como lo explicó la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, la declaración de la inexequibilidad simple crearía un efecto y esto podría impactar las finanzas del Estado.
Para Fedesarrollo, en cabeza de Luis Fernando Mejía, la decisión de la Corte generará un efecto negativo en cuanto a las expectativas y decisiones que tiene el país frente a la inversión, puesto que fomentaría un impacto adverso a nivel macroeconómico. Así lo dejó ver en un concepto emitido al alto tribunal días atrás.
“En efecto, de reducirse el crecimiento económico, los beneficios de un mayor recaudo desaparecerían, toda vez que el debilitamiento de la actividad económica generaría menos ingresos para empresas y hogares y, consecuentemente, llevaría a un menor recaudo impositivo”, dice el concepto allegado al alto tribunal.
Los cálculos de Fedesarrollo en su momento dieron cuenta que con este nuevo panorama el Producto Interno Bruto (PIB) para 2020 ya no sería del 3,5 %, como se venía pronosticando, sino del 2,7 %, es decir, que el crecimiento económico tendría un impacto negativo del 0,8 %, lo que, a juicio de Mejía, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Para el Gobierno las cifras tampoco eran descabelladas, pues el ministro Carrasquilla expuso dos escenarios que relaciona la seguridad jurídica, debido a que “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento”, pues la ley aún no cumplía un año de entrada en vigencia cuando ya se está tumbando.
El segundo escenario que expuso el jefe de la cartera económica fueron los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, pues estos, a su juicio desaparecerían. “Ese segundo efecto de crecimiento también tiene un costo y si sumamos, el efecto combinado, año tras año, hasta 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10 % de nuestra capacidad de generación de ingreso”.
