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Una mujer esposada con su hija en brazos por reclamar su liquidación «indignante»

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El dueño de la prestigiosa marca de ropa Jon Sonen se defendió de los señalamientos de la extrabajadora, que incluso han sido difundidos en sus redes por el presidente colombiano.

Un video en el que una mujer con su hija en brazos es esposada por agentes de la Policía y sacada de una prestigiosa tienda de ropa en Cartagena (Bolívar), donde reclamaba el pago de su liquidación, ha generado indignación en Colombia y la respuesta del presidente de ese país, Gustavo Petro.

«El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos», afirmó Petro tras la divulgación del registro audiovisual, que fue grabado en un almacén del Centro Comercial La Serrezuela.

Luego de este pronunciamiento, el Ministerio del Trabajo informó que la titular de esa cartera, Gloria Ramírez, ordenó una investigación y el cierre preventivo de la tienda de ropa Jon Sonen, en la ciudad de Cartagena.

¿Qué ocurre en el video?

En el clip se observa el momento en el que Wendy Norelys Álvarez, venezolana y madre de dos hijos, es abordada por dos uniformados mientras carga a una pequeña que llora en medio del forcejeo.

«No me quites a mi niña, yo me dejo esposar, espérate«, le dice Álvarez a uno de los agentes.

La mujer voltea hacia un niño de 8 años, que no se aprecia en pantalla y que registra lo ocurrido, y le dice: «Grábame, hijo, cómo me están sacando de la tienda que me debe 2 millones de pesos [unos 416 dólares ]».

«Ponme las esposas por delante«, le pide Álvarez al funcionario mientras la pequeña sigue llorando. «Me están sacando de la tienda donde me deben 2 millones de pesos desde hace dos años y no me quieren cancelar. Llamaron a la Policía y se niegan a contestar», repite.

Respuesta de Jon Sonen

El empresario dueño de la marca, Jon Sonen, colgó en sus redes un «video aclaratorio» donde afirma que en uno de sus «puntos de venta (…) se presentó un evento realmente lamentable».

Según su testimonio, los pasivos laborales reclamados por Álvarez «están completamente cancelados desde hace más de tres meses».

En el audiovisual, Sonen mostró un recibo que acreditaría la supuesta orden de desembolso por tres millones de pesos (aproximadamente 625 dólares) y aseguró que aunque el pago se hizo tras una demanda laboral, la exempleada no ha podido tener acceso a él.

En una nota de El Heraldo se asevera que los recursos adeudados se encuentran en el Banco Agrario, donde están bajo la figura de «pago por consignación» o «constitución de depósito judicial».

En un comunicado de la empresa Sonen Internacional se sostiene que el contrato laboral culminó el 20 de octubre de 2020 y que Álvarez «presentó una demanda laboral que está en curso».

«Una tienda o centro comercial no es recinto público para presentar reclamación laboral. Para ellos existen las sedes del Ministerio del Trabajo», dice el texto difundo en las plataformas sociales. Sin embargo, a pesar de esa advertencia, agregan que lamentan «profundamente que la señora fuera esposada».

El testimonio de la extrabajadora

En una entrevista publicada por El Tiempo, Álvarez afirma que sus problemas comenzaron cuando introdujo una tutela, que ganó, ante la Defensoría del Pueblo porque no contaba con los beneficios de seguridad social que le corresponden como trabajadora, a pesar de estar embarazada.

Luego de cumplirse su licencia por maternidad, volvió a su puesto de trabajo y le comunicaron que la trasladarían al municipio de Yopal, en el departamento de Casanare, a unos 1.000 kilómetros de Cartagena, donde estaba ubicado el establecimiento donde laboraba.

Ella sostiene que la despidieron porque supuestamente no se adaptó a los cambios de su empleador. «Es decir, me tenía que ir para Yopal, donde ni tengo familia, ni conozco a nadie».

La mujer, de 36 años, manifestó que estuvo como empleada durante un año y seis meses en la tienda de ropa para caballeros y que la despidieron de manera injustificada. «Puse tutelas y demandas pero ellos no responden y usan todo su poder para atropellar mis derechos como trabajadora«, agrega.

«He agotado todas las instancias legales, pero ellos creen que por ser venezolana me pueden atropellar», dijo. Según explicó, tiene cinco años en Colombia y todos sus documentos se encuentran en regla.

«He trabajado en otras empresas sin ningún problema, pero esta empresa no tenía afiliados a sus empleados a EPS», que son las Empresas Promotoras de Salud, de índole privado, que presentan el servicio de seguridad social.

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