Avanza proyecto de ley que penaliza a quien aplique biopolímeros.

La iniciativa plantea atención y tratamiento a las víctimas, así como la creación de estrategias de prevención. Las penas oscilan entre los 2 y 15 años de prisión.

A un paso de la conciliación en el Congreso de la República y luego a sanción presidencial quedó el proyecto de ley que sanciona y penaliza el uso de biopolímeros en el país.

El senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, explicó que la norma tiene como objetivos principales, “crear el tipo de lesiones personales por el uso de biopolímeros, establecer medidas para las víctimas, significa esto, que el tratamiento, diagnóstico, o medicinas y retiro de estos biopolímeros va a estar a cargo del Estado, tanto del régimen contributivo como el régimen subsidiado y va a estar incluido en plan de beneficios de salud”.

Destacó que el proyecto establece de manera inmediata un control al comercio y al uso de biopolímeros en el país para establecer a los responsables de la compra, comercialización y que clínicas que las utilizan. “Esa es una exigencia que tiene el Ministerio de Salud y el Invima, que se empezará a desarrollar con lo aprobado en la ley”, precisó.

Sobre las penas, la iniciativa propone que “el que inyecte en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas incurrirá en prisión de 2 años y 8 meses a 10 años”.

Si la conducta fuere cometida por un profesional de la salud, la pena será de 8 a 15 años de prisión. La inhabilidad para el ejercicio de su profesión se estipula en 5 años.

El texto precisa que “si las conductas descritas se cometieron en menores de 18 años o mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, biopolímeros, o afectare el restos las penas se aumentarán en una tercera parte”.

El congresista expresó, además, que se contemplan campañas de pedagogía para evitar que mujeres y hombres sean víctimas de engaño con estas infiltraciones de este tipo de “sustancias modelantes no permitidas, biopolímeros”.

Puntualizó que este es un logro de salud pública en el que el Congreso de la República ha actuado de conformidad para la protección de las víctimas de biopolímeros que en un 95 % son mujeres.

La iniciativa fue aprobada en cuarto y último debate, pasó a conciliación y luego a sanción presidencial.